La Guardia Civil se ha personado este martes en diez de las principales comisarías de los Mossos d'Esquadra, entre ellas su sede central, con una orden para requerir las comunicaciones de los agentes durante la jornada del referéndum del 1-O, dictada por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

Según han informado fuentes de la investigación, la titular del juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ha ordenado la operación de la Guardia Civil, que ha acudido al complejo Egara, la sede central de los Mossos, así como a las principales comisarías de la policía catalana en Barcelona, Girona, Manresa, Sant Feliu de Llobregat, Granollers, Tortosa y la Seu d'Urgell (Lleida), en el marco de la investigación sobre su supuesta pasividad durante el 1-O.

Los agentes buscan las grabaciones de las comunicaciones por radio interna de los agentes con la sala de mando durante la jornada del referéndum del 1-O, que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional y que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) había ordenado que fuera impedido por los Mossos.

Además, los agentes están buscando correos electrónicos del hasta ahora mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero vinculados al dispositivo de la policía catalana con motivo del referéndum.

En este sentido, dos agentes de la Benemérita de paisano se han personado en la comisaría de la Plaza de Espanya de Barcelona y se han marchado después de media hora.

En el caso, por ejemplo de Sant Feliu de Llobregat, donde está la sede de la Región Metropolitana Sur, hacia las 09.00 horas se han presentado unos ocho agentes de la Guardia Civil con una orden judicial.

En Girona, la entrada ha sido en la sede regional de tráfico, donde está la sala de mando donde se encuentran las grabaciones. Los agentes han llegado hacia las 09.15 h.

La Guardia Civil, que actúa como policía judicial por orden de la juez Lamela, se ha personado en las comisarías con un requerimiento para obtener las grabaciones de las comunicaciones por radio interna de los agentes con la sala de mando durante la jornada del referéndum del pasado 1-O, que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional y que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) había ordenado que fuera impedido por los Mossos.

Lamela tiene una causa abierta en la que mantiene imputado por sedición al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, a quien ha retirado el pasaporte, por la supuesta pasividad de la policía catalana durante el asedio a la comitiva judicial que el pasado 20 de septiembre registró la consellería de Economía, en una operación contra el referéndum del 1-O.

La operación de la Guardia Civil se lleva a cabo después de que el instituto armado acudiera el pasado 20 de octubre al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat con una orden judicial para obtener los correos electrónicos de un mando de los Mossos d'Esquadra en Lleida, relativos al dispositivo para impedir el 1-O.

La Guardia Civil se había personado el día anterior en la comisaría de los Mossos d'Esquadra en la región policial de Ponent por orden del titular del juzgado de instrucción número 4 de Lleida, que, además de las grabaciones de las comunicaciones internas de la policía catalana en la zona durante el 1-O, también solicitó diversa documentación y el volcado del contenido de los teléfonos de dos de los mandos y un agente de la policía catalana.

También en el marco de la investigación sobre la labor de los Mossos d'Esquadra durante el 1-O, la Guardia Civil accedió el pasado 17 de octubre a la sede central del servicio de emergencias 112 de la Generalitat, en Reus (Tarragona), a buscar las cintas de las comunicaciones internas de los Mossos d'Esquadra durante aquella jornada, relativas a las demarcaciones policiales de Tarragona y las Tierras del Ebro.

La Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y más de una veintena de juzgados catalanes investigan a los Mossos d'Esquadra por supuesta pasividad durante la jornada del 1-O.

Precisamente, el coronel Diego Pérez de los Cobos, cargo del Ministerio de Interior que coordinó el dispositivo del 1-O, acusa a los Mossos d'Esquadra, en un informe presentado ante el TSJC, de "absoluta pasividad" ante el referéndum y de intentar "entorpecer" las intervenciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir la votación.

En su escrito, De los Cobos sostiene que el dispositivo que la policía catalana montó para el 1-O "más que dar cumplimiento al mandato judicial, estuvo orientado a mantener la seguridad ciudadana al modo de unas elecciones legalmente convocadas".

En opinión del coordinador, las instrucciones dictadas por la Prefectura de los Mossos "hicieron que cumplir el mandato judicial fuera tarea inasumible para los binomios" de agentes enviados a los puntos de votación y los incidentes podrían haberse evitado "mediante una actuación anterior de cierre de locales" por parte de la policía catalana los días previos o en las primeras horas del 1-O.

Tras la declaración de independencia por parte del Parlament el pasado viernes 24 de octubre, el Gobierno ha activado el artículo 155 de la Constitución, ha convocado elecciones para el próximo 21D, ha cesado a todo el gobierno catalán y ha tomado el control de los Mossos d'Esquadra, donde ha destituido al hasta ahora mayor, Josep Lluís Trapero, a quien ha sustituido por su número dos, el comisario Ferran López.